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EL DECRETO DEL GOBIERNO VASCO

El Gobierno Vasco ha aprobado un decreto dirigido a indemnizar a las “víctimas de abusos policiales y de motivación política” en el que probablemente quedarán incluidos terroristas de ETA condenados por delitos de sangre.

En un primer borrador el Ejecutivo autonómico limitó la indemnización al periodo comprendido entre 1968 y 1978, destacando que en el decreto no tendrían cobertura los supuestos de terrorismo, pero utilizando para ello una fórmula ambigua ya que solo excluía a aquellos terroristas que hubieran sufrido daños al realizar o pretender realizar una acción violenta.

Debe ponerse de relieve que si el objetivo perseguido por la norma autonómica se limitase, como dicen, a amparar a las víctimas de motivación política, la misma carecería de sentido, porque dicho objetivo ya se encuentra suficientemente protegido por la Ley de la Memoria Histórica que recoge el reconocimiento en favor de las personas fallecidas y de quienes hubiesen sufrido lesiones permanentes en defensa de la democracia durante el período comprendido entre 1 de enero de 1968 y 31 de diciembre de 1977, estableciendo en caso de fallecimiento las mismas indemnizaciones que el Gobierno Vasco pretende fijar. Ahora bien, hay un dato fundamental que marca la diferencia: la normativa en materia de Memoria Histórica excluye a los terroristas, de forma expresa y sin límite alguno, como causantes o beneficiarios de las indemnizaciones.

Por ello, desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) hemos sostenido que el decreto carece de sentido, salvo que lo que realmente se persiga es incluir a los terroristas de ETA.

En marzo del presente año, y a través de la Sra. Manuela Carmena, el Ejecutivo autonómico señaló que preveía cambiar el ámbito temporal del  texto legislativo. Si en un primer momento el borrador del texto se limitó a la vulneración de derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad entre 1968 y 1978, la Sra. Carmena valoró retrasar los casos hasta 1960, año que coincide con el primer asesinato de ETA.

¿Qué pretendió el Gobierno Vasco retrasando la fecha hasta el año 1960? Al margen de eliminar toda coincidencia con la Ley de la Memoria Histórica, entendemos que lo que pretendió era hacerse eco del sentir de la izquierda “abertzale”. Si la lista de muertos por el terrorismo de ETA, y su consiguiente protección, se inicia en 1960, ¿cómo se iba a consentir que un decreto sobre víctimas de abusos policiales fijara una fecha de inicio posterior, concretamente en 1968?

Lo más curioso de todo es que el Gobierno Vasco ya no esconde la finalidad perseguida con este decreto. Por fuentes próximas al Ejecutivo se ha señalado la posibilidad de que etarras como Juan Paredes y Ángel Otaegui, condenados a muerte por los asesinatos de José Díaz Linares, Subinspector del Cuerpo General de Policía, y de Gregorio Posada Zurrón, Cabo primero de la Guardia Civil, causen derecho a las indemnizaciones.

Resulta paradójico que el excluir de las indemnizaciones de la Ley de la Memoria Histórica a quienes pertenezcan o hayan pertenecido a bandas armadas fuera una noción consensuada por los dos grandes partidos políticos, y sin embargo sea el Gobierno Vasco constituido por el Partido Socialista de Euskadi (PSE) quien sostenga lo contrario. Y resulta aún más paradójico que el propio PSE se opusiera en el año 2008 a un informe del entonces Director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco -el nacionalista Jon Mirena Landa- sobre víctimas de la violencia de motivación política, calificándolo de “humillación a las víctimas del terrorismo y a cientos de policías asesinados por defender la democracia”. ¿Qué es lo que ha cambiado?

Nos encontramos una vez más con el sometimiento de los poderes públicos vascos y del PSE a las exigencias “abertzales” marcadas en el Acuerdo de Guernica. En concreto, y en el tema que nos ocupa, el Gobierno Vasco se hace eco de uno de los requerimientos sostenidos por los radicales -Necesidad de un reconocimiento, reconciliación y reparación de todas las víctimas, originadas por el conflicto político y la realidad de las múltiples violencias- y fiel al mismo, y con todas las matizaciones que quieran indicarnos, está dispuesto a admitir la indemnización de terroristas de ETA por daños originados a partir de 1960, año que “curiosamente” coincide con la primera víctima de la banda. Todo ello acompañado de la creación del Instituto de la Memoria donde las víctimas de ETA se mezclaran con las “víctimas de abusos policiales” de modo que la violencia terrorista quede diluida.

Desde COVITE lo estamos diciendo una y otra vez: se está intentado que cinco décadas de delito continuado de terrorismo se conviertan en un “conflicto político entre dos bandos enfrentados donde han existido víctimas en cada uno de ellos”. Se está intentando reescribir la historia y para ello la izquierda “abertzale” está contando con la inestimable ayuda del Gobierno Vasco.

La opinión pública debe tener en cuenta que este es el primer paso, el primer decreto que el Gobierno Vasco ha puesto en marcha con el contenido que les hemos expuesto, pero las cosas no se van a frenar ahí, y es que una vez que éste se promulgue se iniciarán los trabajos para llevar a cabo un segundo decreto que comprenderá el periodo de 1978 a la actualidad de forma que el círculo se cierre y los años del plomo, la persecución y la diáspora que hemos tenido que soportar queden en un borrón y cuenta nueva donde víctimas y verdugos se confundan.

Antonio Mª Recio Laza. Miembro de COVITE.