Identitaria.es.- Desde hace más de quince años se nos viene repitiendo que el Estado del Bienestar está acabado, que no responde a las necesidades de la sociedad y que está llamado a desaparecer por excesivamente costoso. Nadie nos aporta cifras suficientemente incontrovertibles como para pensar que así es, sin embargo, se ha convertido en un dogma neoliberal el dar por finiquitado al Estado del Bienestar. Lejos están los tiempos en los que en España todos los partidos políticos proponían caminar hacia una sociedad como las de los países nórdicos en los que se procuraba que todos los habitantes tuvieran, no solamente un elevado nivel de vida, sino que estuvieran siempre aseguradas la satisfacción de sus necesidades básicas. A esto se le llamaba concepción “distributiva” del Estado, se trataba de que los que tenían más pagaran más impuestos –a fin de cuentas lo podían hacer porque sus necesidades básicas las tenían muy bien cubiertas- y el Estado lo único que tenía que hacer era redistribuir esa riqueza. Por otra parte, el Estado disponía de un sector público que abarcaba empresas estratégicas necesarias para asegurar la previsión de bienes y/o servicios. Se trataba además que, determinadas industrias que eran básicas para la subsistencia de una nación, no cayeran en manos privadas pues, si así ocurría, la sociedad estaría inerme ante depredadoras iniciativas privadas.

Y todo esto pareció lógico durante mucho tiempo. Se discutía sobre si el sector público debía de ser más o menos grande, sobre si debía de abarcar a tales o cuales empresas, pero no se discutía su existencia. Se trataba simplemente de alcanzar los niveles de bienestar de las sociedades nórdicas en las que el Estado del Bienestar se realizaba de una manera más serena y disciplinada. Y ese era el objetivo de todos los partidos políticos en nuestro país. De repente todo cambió.

Hacia principios de los años 80, cuando coincidieron en el poder la Tatcher y Ronald Reagan, se adoptaron políticas económicos que hasta ese momento habían sido consideradas como meras locuras. Estas doctrinas, fundamentalmente derivadas de la Escuela de Chicago y de la Escuela Austríaca, consideraban que cualquier injerencia del Estado en la vida económica era una forma de… socialismo, pues limitaba la iniciativa de la propiedad privada. Los “mercados” eran considerados como inapelables y capaces de autorregularse. Ante ellos el Estado solamente tenía que aceptar el juego económico de los agentes privados, sin inmiscuirse. Era evidente que el papel del Estado debía consistir en proteger a los débiles ante los fuertes y evitar los procesos depredadores que podían darse en un mercado completamente libre y desregulado.

Todo se puso a prueba en el Chile de Pinochet

Los primeros intentos se realizaron en Chile en 1974 y la experiencia se prolongó hasta 1978. Los “chicagos boys”, discípulos de Milton Friedman, desembarcaron en aquel país, se aprovecharon de la existencia de un gobierno militar que carecía de economistas capaces de entender los procesos del mercado e impusieron unas medidas económicas ultraliberales que contrastaban con la forma de gobierno autoritaria. El país había quedado tan decepcionado por la experiencia de la izquierda allendista que, inicialmente, no existieron resistencias… hasta que a los pocos meses de su aplicación esta política resultó nefasta.

La fosforera nacional cerró sus puertas porque era más barato traer cerillas canadienses antes que fabricarlas allí. “Bien para el consumidor” decían los “Chicago boys”… ¿bien? ¿y qué ocurrirá con los trabajadores de la fosforera en paro que ni siquiera tendrán dinero para comprar cerillas canadienses? Bien, no hay problema –dijeron los “Chicago boys”- se reciclarán en otros sectores. Era el precio del levantamiento de aranceles. Pero ¿qué ocurría si sistemáticamente se iban desmontando todos los sectores de la economía y no existían sectores de sustitución? Pasaría que todo el país se iría empobreciendo progresivamente… Hacia 1978, Pinochet debió prescindir de los “Chicago boys” y el intento de aplicar una economía desregulada se había saldado con el primer gran fracaso. A este siguió otro y en un lugar mucho más “central”: el Reino Unido.

El ultraliberalismo en el poder: Tatcher y Reagan

La Tatcher subió al poder influida por las enseñanzas de la “Escuela Austria” de Von Misses y Hayek y pronto se aprestó a privatizar todos los servicios hasta entonces en poder del Estado: la producción y distribución de electricidad, las líneas aéreas, el agua, los transportes públicos, etc. Y, por supuesto, se abolieron aranceles: si salía más barato traer carbón de Polonia había que cerrar la minería británica, tal como se hizo. El resultado de toda esta política fue catastrófico: se sucedieron manifestaciones y protestas sociales, la huelga de mineros se prolongó por espacio de un año entero y las privatizaciones acarrearon la pérdida en la calidad de los servicios y el aumento de los precios. Difícilmente hubiera soportado la Tatcher esta situación de no ser porque los EEUU indujeron a la Junta Militar Argentina a ocupar las islas Malvinas prometiéndoles que permanecerían neutrales y pacificarían al Reino Unido. Si la Tatcher resistió y recibió su apoyo de la “Dama de Hierro” fue precisamente por la actitud inflexible de su gobierno ante Argentina y por su voluntad de levantar el orgullo nacional mediante una victoria que prácticamente podía definirse como “colonial”. No fueron los “éxitos” inexistentes de la Tatcher en materia económica lo que la mantuvo en el poder durante todo un largo ciclo político.

En los EEUU ocurrió algo parecido. Entre 2000 y 2008, la llamada “era Reagan” tuvo algunos éxitos económicos, pero su gran activo y lo que le valió la reelección fue el debilitamiento de la URSS y la victoria sobre el bloque comunista mediante la llamada “guerra de las galaxias”. El complejo militar-petrolero-industrial “tiró” de la economía. También aquí, las privatizaciones acarrearon una catástrofe nacional que todavía hoy vive aquel país y que llevó a que las carreteras construidas en la postguerra tuvieran un deficiente mantenimiento y que zonas enteras del país se situaran en el límite del subdesarrollo en una situación que terminó evidenciándose ante la opinión pública mundial en 2005 cuando el huracán “Katrina” devastó Nueva Orleans y tanto el gobierno estatal como el federal no estuvieron en condiciones de reaccionar.

El fracaso en Iberoamérica

Idénticas catástrofes se sucedieron en los años 80 en América Latina cuando los gobiernos democráticos apenas asentados hicieron caso al “amigo americano” e iniciaron las privatizaciones: ventas de puertos, de edificios de ministerios, de compañías estatales, etc. Una vez más se produjo el mismo fenómeno que ya se había advertido desde la experiencia chilena: caída en la calidad de los servicios, aumento en su precio. En definitiva, retroceso del Estado del Bienestar.

En una primera fase, cuando el Estado pone en venta sus empresas, estas se encuentran en pleno funcionamiento y puestas al día. Se producen algunos despidos, pero el Estado que acaba de ingresar el dinero por la venta de estas empresas no se preocupa: simplemente ofrece indemnizaciones y cree que otros sectores económicos lograrán absorber a los nuevos parados. El Estado utiliza el dinero que tiene para realizar obras públicas que, efectivamente, alivian el problema del paro. Pero, rápidamente el dinero se acaba y el Estado entra en déficit. Justo en ese momento, aparecen los funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional ofreciendo créditos que ese Estado acepta…

Es el principio del drama: porque pronto son necesarios más créditos para pagar los créditos previamente concedidos y el Estado cada vez dispone de un margen de maniobra más exiguo. Entonces los funcionarios del FMI y del BM acceden a dar nuevos créditos… a condición de plantear “reformas estructurales” unas reformas que lo que tienden es a empequeñecer al Estado, devaluar la moneda, despedir funcionarios públicos, rebajar salarios, aumentar impuestos y, por supuesto, desregular la economía y eliminar aranceles. El resultado de estas políticas constituyó un fracaso tan rotundo que en la actualidad en la mayoría de países de América Latina, especialmente en los “bolivarianos”, les causa hilaridad el ver que en Europa se están adoptando las mismas medidas que ya fracasaron hace 20 años en Iberoamérica y que llevaron a momentos tan dramáticos como “el corralito” o la hiperinflación en algunos países.

La hora de los economistas a sueldo del capital financiero

Ya es significativo que el país que con mayor énfasis predica la política de privatizaciones y la desregulación de la economía sean los EEUU… país en el que buena parte de la producción, especialmente agrícola, está subvencionada por el Estado. Hoy resulta evidente que la “economía desregularizada” propuesta por los “Chicago boys” es una entelequia suicida en la que solamente algunos elementos de la derecha liberal pueden creer como bálsamo universal para los pueblos y los Estados. Cuando estalló la crisis económica, a pesar de que los principios neoliberales y el fetichismo del mercado estaban excepcionalmente extendidos en todo el mundo, los bancos y las grandes empresas en crisis solicitaron y obtuvieron ayudas públicas. Las excusas para que los Estados incumplieran su promesa de no participar en la vida económica, fueron, cínicamente, el “bienestar general”. Se decía, por ejemplo, que salvando a los bancos lo que se estaba era salvando a los ahorradores, se alegaba que algunas empresas eran “demasiado grandes para quebrar”, o que había que generar empleo realizando inversiones públicas (tal como se hizo en España con el Plan E y el Plan E2010, o con el Plan VIVE). Aun hoy, cuando se nos habla en España de crear un “banco malo” lo que se está ocultando es que se trata de que el Estado absorba la deuda incobrable de la banca, saneándola y colocándola en trance de ser apetecible por compradores extranjeros.

Por supuesto, los popes de la economía neoliberal, siguen explicando con una seriedad pasmosa que si existe hoy una crisis de dimensiones planetarias se debe a que… la economía sigue regulada. Llama la atención la suficiencia con la que este atajo de cretinos dan lecciones de economía a toro pasado y prevén recuperaciones de la economía para pasado mañana desde las columnas de Intereconomía hasta las de Libertad Digital, por no aludir a cierto profesor de economía, mejor cantante de tangos, que saluda a sus contertulios con un “buenos días, liberales” que casi parece un insulto en los momentos en los que el liberalismo económico extremo nos ha llevado hasta donde estamos.

Este fenómeno no ocurre solamente en España. De hecho, recientemente Le Monde Diplomatique demostraba que doce economistas que predican soluciones neoliberales, absolutamente inviables y a todas luces lesivas para la mayor parte de las poblaciones, lo hacen con tanta suficiencia como falta de argumentos sólidos… y, están al servicio de los grandes consorcios financieros internacionales. Esto es que les entra en el sueldo realizar campañas de publicidad del ultraliberalismo…

Algunas explicaciones y algunos porqués

Hace falta explicar por qué el sistema financiero mundial tiene como objetivos el insistir en la desregulación si esta desregulación es simplemente nefasta para el conjunto de las comunidades. Es fácil entenderlo. Desmantelar el Estado del Bienestar implica dejar grandes sectores de la economía que actualmente están en manos de los Estados en venta a los consorcios privados. El siglo XXI va a ser el gran siglo de la sanidad. Ingeniería genética, biomecánica, criogenia, nanotecnología, están convergiendo y alumbrando una nueva medicina que se cotizará a precio de oro y que para los diosecillos del capital será (está siendo) el negocio más tentador en las próximas décadas. De ahí el interés en la privatización de la sanidad. Pero, por otra parte, de lo que se trata para los “señores del dinero” es de disminuir la soberanía de los Estados. Estados fuertes, con recursos, con un arsenal legislativo y conciencia de su misión, pueden negarse a privatizar estos últimos sectores económicos. Se trata de que no lo hagan y se trata de algo más: de alcanzar las consecuencias finales del capitalismo en los que la política no solo está por debajo de la economía, sino que la política es el terreno en el que los “señores del dinero” hacen y deshacen a su antojo y en su beneficio. Ya no se trata de que grandes líderes guíen a los pueblos a través del devenir histórico, ni siquiera que sean los propios pueblos a través de instituciones democráticas las que se forjen su destino: se trata de limitar la soberanía de los Estados dando prioridad absoluta a depredadores económicos.

Y en esto la Unión Europea tiene una buena parte de responsabilidad. Dos medidas de la UE han sido absolutamente incomprensibles y suponen una traición a las poblaciones europeas: la normativa del Banco Central Europeo que impide que este organismo preste dinero a los Estados y el llamado Mecanismo de Estabilidad que prohíbe déficits superiores al 3%. Veamos cada uno de estos elementos.

La prohibición de prestar dinero a los Estados se basa en que estos podrían tender a endeudarse. Argumento falaz porque como en cualquier operación de crédito lo primero que el prestamista mira es si el cliente está en condiciones de devolver el crédito. No, esa normativa tiene un único beneficiario: la banca. En efecto, hoy los bancos europeos piden créditos al BCE al 1% para con ese dinero comprar deuda pública que los Estados pagan entre el 4 y el 7%. Es decir, la banca, por el simple hecho de realizar operaciones de este tipo sin ningún riesgo obtiene entre el 3 y el 6% de beneficio. No es raro que el dinero destinado a créditos lo absorba el Estado en forma de pagarés, bonos y letras del Tesoro, en España desde 2008. No hay crédito, en cambio, ni para las PYMES ni para los ciudadanos. Una legislación así debería haberse modificado en el momento en el que se demostró su incapacidad: en efecto, estaba destinada a aumentar solamente los beneficios bancarios y a endeudar más y más a los estados que, como el español, deben de pagar cada vez más intereses por su deuda que, además, esta al albur de las oscilaciones de los mercados y de la voluntad de las agencias de ratting (que trabajan para la banca internacional y para los grandes fondos de inversión) con calificaciones que nunca han sido realistas: ni antes de la crisis económica cuando se calificaba a Lehman Brothers de entidad solvente, ni ahora cuando se aumenta la prima de riesgo de manera no menos artificial y artificiosa. De hecho, si ha habido un culpable de esta crisis son precisamente las agencias de calificación que actúan no para asegurar el fair play sino para garantizar mayores beneficios a los “señores del dinero”. Se pudo evitar, se puede evitar, pero no se hace: y lo que es peor, ningún dirigente político europeo está dispuesto a jugarse nada para proponer que la lógica y el sentido común imperen en este terreno. Está claro el motivo: bastaría con que cualquier dirigente europeo lesionara los intereses de los grandes consorcios financieros para que sobre él se abatieran campañas de desprestigio que lo liquidarían de la escena política en apenas unas semanas.

Igualmente pernicioso es el llamado Mecanismo Europeo de Estabilidad que prohíbe a los estados tener déficits superiores al 3%, superado el cual se prevé la intervención económica de ese Estado. Esta consiste en que, a partir de ese momento, ese Estado deja de ser dueño de su política económica que estará gestionada por funcionarios y técnicos de la Unión Europea. Dicho de otra manera: eso equivale a restar soberanía y convertir en inútiles a las instituciones democráticos. En el fondo esto es lo que ya está ocurriendo a la vista de que, elección tras elección, se comprueba que podemos elegir gobiernos (esto es, podemos elegir al figurón que estará al frente del gobierno durante cuatro años), pero no podemos elegir políticas (puesto que las reglas del juego son tales que solamente es viable una sola política económica. En efecto, en España, el gobierno ZP y el gobierno Rajoy han tenido las mismas respuestas económicas ante los mismos problemas. Una de las características del “pensamiento único” instaurado a partir de los años 90, es la posibilidad de prácticamente solamente una política económica única que no depende de los gobiernos elegidos democráticamente sino de instituciones que nadie ha elegido o de agencias privadas que trabajan para intereses muy distantes de los populares.

Precisamente estas condiciones de dependencia son las que corresponden a los protectorados. España se está convirtiendo a marchas forzadas en un protectorado de la UE (como ya lo es Grecia que después de cuatro planes de austeridad y recortes sigue peor que nunca y sin levantar cabeza porque no son las políticas de recorte las que generan empleo sino las de inversión pública) que a su vez, desde el punto de vista económico no es más que un instrumento de la alta finanza para realizar su plan ultraliberal de desmantelamiento del Estado del Bienestar, privatizaciones y pérdida de soberanía.

Y ante todo esto vale la pena prepararse para la revuelta social y política. O nosotros o ellos.

© Ernesto Milà – identitaria.ess – ernestomila@yahoo.es

(Identitaria.es)Buena prueba de la imaginación que desbordan los usuarios de Internet es la “fiebre” que sufren estos días buscadores blogs y correos spam sobre falsas declaraciones, bulos e invenciones que ponen por protagonista al Duque más famoso de nuestro país.

Un ejemplo de esta “fiebre” es el documento que aquí les mostramos, ejemplar rebosante de imaginación y fantasía de principio a fin. Continuar leyendo

(identitaria.es) El pasado día 3 de marzo España 2000 convoco una marcha protesta por el centro de valencia con el lema falta trabajo sobra corrupción. A la que acudieron alrededor de 300 personas, que corearon lemas contra la corrupción y a favor de un puesto de trabajo digno para los españoles

(Identitaria.es)

Gracias de todo corazon por aceptarme, gracias.

Dedicale por favor 5 minutos de tu vida a ver mi historia por favor no cuesta nada y no pido nada, solo que se sepa la verdad mi vida, y lo que han hecho con mi familia siendo una de las familias mas protegidas de la historia de España, Operación Necora los capos gallegos, Baltasar Garzon, Fiscal Javier Zaragoza Etc Te dejo algo para que sepas mas de mi, gracias. Solo lucho por mi madre y mis hermanos y para que no vuelva a pasar.

Esta carta que envio diariamente a presidencia del gobierno y al ministerio del interior os contara algo un saludo y gracias de todo corazon por esatr a mi lado.

Me dirijo a ustedes con el fin de que nos ayuden por el mal trago que estamos pasando la familia Portabales.

La familia Portabales somos una de las más protegidas de la historia de este país, por este motivo me dirijo a ustedes para que tomen cartas en el asunto y no se haga más montaña de un grano que quieren hacer tanto periodistas como chupópteros de toda clase.

Solo les pido por favor que nos ayuden ya que vinimos a Madrid escoltados con uñas y dientes por las fuerzas de seguridad del estado, cuatro niños pequeños que éramos mi padre y mi madre, por todo ello, estuvimos conviviendo todos estos años escoltados y amenazados como les decía, y ahora de buenas a primeras nos echan a la calle sin ninguna explicación, bueno solo nos dicen que como las arcas del estado se han resentido tenemos que abandonar nuestro domicilio y el poco dinero que nos daban nos lo quitaban.

¿Como comemos? ¿Donde vivimos? ¿Que hacemos? estamos muy preocupados queremos coger un abogado y ni dinero nos han dejado queremos ir a la corte suprema a donde sea por que no es justo lo que han echo con nosotros, con mi familia.

El ministerio del Interior nos trajo para Madrid por orden de Baltasar Garzón ya sabemos que tiene muchos problemas y nosotros no queremos añadir mas leña al fuego pero tienen que hacer las cosas bien, aunque sea un piso de protección oficial y algún dinero para empezar nuestras vidas por que callo en nuestras manos una cinta sin quererlo, por que aun tenemos amigos periodistas, y escoltas que nos apoyan y en esa cinta se decía que un dinero destinado a la familia Portabales para rehacer sus vidas fue cobrado al portador en la cuenta de un Juez. Eso no es justo, perdimos nuestra casa de Galicia nuestros trabajos tras la Operación Necora, Mago, Pinton, y muchas mas que se produjeron en España, y ahora nos pagan con esta moneda de echarnos así a la calle cuando otros se llenan los bolsillos, nos es justo se que hay gente que lo esta pasando muy mal, pero ese muy mal también lo estamos pasando nosotros, encima de quitarnos todo tenemos que ir a pedir.

Nos dieron todo nos trajeron para Madrid y nos trataban como a marqueses mientras les interesó, ahora nos dejan desamparados y en la calle. ¿Es que no hay Justicia? por favor ayúdennos yo perdí toda mi infancia y mis hermanos también siendo muy pequeños en vez de jugar con otros niños no nos dejaban salir del chalet de donde nos tenían escondidos y jugábamos con los escoltas aprendíamos a desmontar metralletas pistolas ha utilizar la radio a conducir y muchas cosas mas todos estos años nadie se preocupo de las secuelas que nos podrían acarrear todo aquello en vez de ir a colegios venían profesores particulares a casa pero del miedo que tenían ya no volvían claro al ver a los hombres escoltados en la puerta del chalet y con las metralletas al hombro y cuando sobrevolaba un helicóptero los escoltas nos decían meteros dentro de la casa y acurrucaros y cerrar todas las ventanas mientras ellos apuntaban con sus metralletas hacia el cielo al final detenían al helicóptero y se trataba de periodistas, parece de película lo sé, pero es mi vida, y es muy dura.

Con el paso de los años yo no aguantaba mas y me fui y los escoltas me decían ten cuidado aun me lo dicen por que de los muchos que han pasado por mi familia muchos aun son buenos amigos y nos llaman para preocuparse y nos dicen que no es justo lo que han echo con nosotros. Esto les salpicara en la cara, pero aun pueden arreglar las cosas.

Por favor ayúdennos. echan a la calle a mi madre con 60 años sin trabajo todos estos años escoltados nos prepararon el DNI falso a todos nosotros, pero nada mas y encima muchos de los inspectores de policía que venían a casa incluso algún político que otro, bueno… muchos han venido, ahora tienen cargos muy importantes en ministerios y ni siquiera nos ayudan después de los servicios prestados a España y dar la vida por España por algunos señores del Gobierno ¿así nos pagan…?

Atentamente y perdonen las molestias:

Ricardo Portabales (Hijo)

(Identitaria.es).- Poco a poco van trascendiendo a la opinión pública las fisuras que han existido en el interior del gobierno Rajoy y que afectan a su equipo económico. La contradicción que apuntamos en estas mismas columnas hace solo dos semanas entre la línea seguida por Cristóbal Montoro (Ministro de Hacienda) y Luis de Guindos (Ministro de Economía). Ya era, dicho sea de paso, significativo que un ministerio que siempre había estado unificado se desdoblara en dos y si esto era así se debía a la doble necesidad de Rajoy de “quedar bien” con la patronal y con el capital nacional (y para ello estaba Montoro), de un lado, y de responder a las presiones internacionales de los “señores del dinero”, de otro, que exigían que en el puesto clave de la economía se colocara a uno de sus funcionarios (De Guindos que ocupaba un papel análogo al de Lucas Papademos en Grecia o a Mariano Monti en Italia, o incluso a Mario Draghi (actual presidente del Banco Central Europeo) todos los cuales fueron funcionarios de Goldman Sachs. De Guindos, lo fue de Lehman Brothers, el gigante caído de la banca especulativa y de la ingeniería financiera de alto voltaje.

Dos intereses contradictorios e irreconciliables

Si admitimos que Montoro está en el gobierno para tranquilizar a la patronal y a la banca española, garantizar que todo lo que se ve a hacer va a ser será en defensa de sus intereses, habrá que admitir que De Guindos está en la bancada azul para tranquilizar al capital internacional y asegurar, no solamente que España pagará sus deudas sino que los estos del patrimonio del Estado se venderán a bajo precio para ser adquiridos por los “señores del dinero” a los que De Guindos sirve con fidelidad perruna. El problema es que los intereses del “capital nacional” y del “capital financiero internacional” son, hoy en día, contradictorios.

Hasta no hace mucho se percibía –especialmente a la izquierda– que el “capitalismo” era un todo homogéneo. Se estaba contra el capitalismo al que se consideraba como patrimonio de la burguesía y punto… Hoy esa visión es insostenible, no solamente porque una cosa es la burguesía y otra muy distinta –contrariamente a lo que opinaba Marx– la casta poseedora del capital (y cuando hablamos de capital nos referimos a grandes acumulaciones de dinero real o virtual), sino porque existe una contradicción entre los intereses del capitalismo español, de la patronal e incluso de la banca española, y los intereses del capitalismo financiero multinacional y de la banca y las instituciones de crédito internacionales.

Esa contradicción es insalvable: ambos son dos estadios de desarrollo del capitalismo. Montoro, ahora mismo, representa a los intereses del capital español que aspiran a poco más que a un país en el que exista una legislación que les permita contratar a bajo precio y despedir gratuitamente y poco más. Por su parte, De Guindos, quiero otra cosa: que el Estado venda su patrimonio a bajo precio. Los aeropuertos, las loterías, las últimas empresas públicas rentables, incluso los edificios públicos en los que están instalados los ministerios, todo ello sacado a subasta para mayor beneficio del capital financiero internacional. Ese proceso se desarrolla paralelamente al desmantelamiento de la banca nacional fuertemente tocada por la crisis del ladrillo. En pocos años la mayoría de bancos españoles habrán sido víctimas de OPAs hostiles lanzadas por los “señores del dinero”.

Capitalismo internacional contra capitalismo nacional

Rajoy ha colocado a De Guindos y a Montoro para tratar de equilibrar dos tipos de intereses que son contrapuestos: el capitalismo nacional no sobrevivirá a los envites del capitalismo financiero internacional. Está demasiado debilitado por el proceso de globalización y por los errores cometidos (especialmente por la banca española) durante los años del ladrillazo. La tensión se ha desatado a partir de que el gobierno diera –por indicación de Montoro– marcha atrás en la privatización de las loterías y de los aeropuertos (Madrid y Barcelona, al parecer los de Castellón o Ciudad Real no les interesa al capitalismo financiero…). La reacción de De Guindos ha sido rápida y se han filtrado las tensiones en el interior del equipo económico del gobierno.

Y no disminuirán. El capitalismo es siempre depredador. Siempre tiende a devorar a los más pequeños. La banca española es grande en relación a las PYMES, pero de modestas dimensiones en relación a los grandes consorcios bancarios y financieros internacionales. El principio para ellos es que “bienvenidos sean los tiempos de crisis porque así compraremos barato”. Pero Rajoy ha detenido el proceso de privatizaciones: las ofertas eran escasas y mezquinas, de haber seguido adelante en la liquidación del patrimonio del Estado debería de haber explicado el por qué se deshizo de verdaderas joyas económicas a precio de saldo. Le lloverían ataques por todas partes y Rajoy precisa llegar a su primer año de gobierno con la menor erosión posible. Pero el tiempo es inexorable y lo destroza todo: nada evitará que en dos o tres meses no se hayan notado los efectos benéficos de las primeras reformas interpuestas por Rajoy, pero la población si haya notado la presión insoportable del pero, de la mezquindad salarial y de los recortes especialmente sociales.

Rajoy no ha empezado bien y la situación irá de mal en peor

No han empezado bien el gobierno Rajoy. A menos de un mes de su toma de posesión ya se adivinan nubarrones en el  horizonte y tensiones en el interior del equipo ministerios. Además, las medidas adoptadas no lograrán detener la pérdida de capacidad adquisitiva y, en este mismo contexto, hay que situar el acuerdo alcanzado ente los sindicatos y la patronal según el cual se autorizan subidas salariales de… un 0’5%, es decir que una vez más los salarios pierden capacidad adquisitiva y los propios aumentos son de una mezquindad inconmensurable (alguien que gane 800 euros al mes –y hay que recordar que más de la mitad de los españoles tienen salarios inferiores a 1.000 euros- percibirá un aumento de 4 euros… que, por lo demás, se los llevará la inevitable siguiente subida de impuestos en marzo-mayo.

Ahora lo único que resta saber es que estallará antes: si la revuelta social (o es que alguien duda de la actual crisis social va a desembocar en un estallido que convertirá en un juego de niños las fases anteriores de la crisis vividas hasta hoy, o el estallido del propio gobierno Rajoy. Desgraciadamente hemos visto una vez más que la ambición por gobernar está muy por encima de la capacidad para hacerlo.

Rajoy se perfila como la “gran decepción”, no como el anti-ZP que necesitaba la coyuntura. Era difícil hacerlo tan mal como ZP, pero ahora sabemos que era también muy difícil salir de la crisis: para ello era preciso tener el valor suficiente como para señalar que el origen de esta crisis es la globalización y la transformación de la economía de productiva en financiera. Rajoy ni siquiera tiene interés en señalar el enemigo, le basta tan solo poner parches aquí y allí y elegir un gobierno de contemporización con la crisis, plagado de contradicciones internas.

© Ernesto Milà – Prohibida la reproducción de este texto sin indicar origen

(Identitara.es).- En un artículo estamos siempre obligados a esquematizar. En el fondo una esquematización no es más que una simplificación que no se aparta de la realidad, a diferencia de una “idealización” que es una esquematización desmesuradamente favorable que persigue algún fin,  o de una “demonización” que es justo lo mismo pero en sentido denigratorio. Lo que cuenta siempre es la realidad objetiva antes que cualquier tipo de idealización o de demonización.

Y la realidad objetiva dice que hay dos elementos que son dominantes en el panorama político español: de un lado, los cuatro partidos mayoritarios han sentenciado indubitablemente la muerte del “estado del bienestar” y de otro llevan casi cuatro décadas glorificando al llamado “estado de las autonomías”. No lo dicen explícitamente pero su intención es liquidar el “estado del bienestar” y “completar”, “perfeccionar” o “profundizar” en el “estado de las autonomías”.

Se tiene tendencia a decir que el “estado del bienestar” es caro de mantener, que genera injusticias sociales y parasitismo, que es inviable a la vista de que la pirámide demográfica juega en su contra y que nos tenemos que hacer a la idea de que tenderá a desaparecer. Nunca volverán sistemas de seguridad social que impliquen medicamentos gratuitos, que garanticen la revalorización de las pensiones por encima del aumento del coste de la vida y que deberemos habituarnos a ver reducidas progresivamente las prestaciones y los servicios sociales: si alguien quiere algún servicio más allá de los mínimos y si lo quiere de calidad, que se lo pague, tal es el mensaje de los apóstoles del liberalismo extremo que han encontrado en los socialdemócratas a sus cómplices ideales en su tarea de liquidar el modelo de Estado surgido desde la primera mitad del siglo XX –hay que decirlo- desde que entre Henry Ford creó el Ford T y Hitler impulsó el Volkswagen… Luego, en la segunda mitad del siglo, con la aplicación de las políticas keynesianas el “estado del bienestar” creció y, aunque lo hizo de manera desigual, en toda Europa se instauró un modelo de Estado que anteponía la seguridad y el bienestar de los ciudadanos a cualquier otro principio. En España, fueron los años 60 en los que la seguridad social, la jubilación y la educación tomaron cuerpo junto a otros elementos propios del desarrollo de la época (la industrialización y la creación de infraestructuras).

Pero luego, a partir de que se afirmara el neo-liberalismo (primero a partir del ensayo chileno con la Escuela de Chicago instalada allí, luego a partir del binomio Tatcher-Reagan en los 80 y, finalmente a partir de la globalización en los 90), la progresiva disminución del estado del bienestar se hizo al ritmo que lo permitían los intereses electorales de los partidos de gobierno. Hoy, la ideología dominante da por finiquitada la época en la que el “estado del bienestar” e incluso en las tertulias y los debates nadie se atreve ni siquiera a cuestionarlo a pesar de que la inmensa mayoría de la población es quien debería desear su mantenimiento. De todas formas el impacto de los medios de comunicación social a merced de los grupos mediáticos y de los consorcios financieros es tal que el elector ya no le importa siquiera votar a quienes les han asegurado que van a restarle derechos y beneficios sociales…

La cuestión es si es cierto que el “estado del bienestar” es inviable. En realidad, si se ha mantenido durante unos años, no debería de serlo. Además se da otra circunstancias, el Estado dilapida recursos y medio progresivamente que no benefician al ciudadano sino a la clase política dirigentes. Así pues, la alternativa sería: si en las actuales circunstancias es inviable el “estado de las autonomías” esto ocurre porque una clase política depredadora quiere un enriquecimiento rápido y lo obtiene solamente en la medida en que sus intereses coinciden con los de la alta finanza internacional de la que, a fin de cuentas y en última instancia la clase política son sus perros de presa.

Estamos en tiempos de crisis y el presupuesto del Estado no da para todo: sería, desde que Platón escribiera la República, la primera vez que una clase política renuncia a un privilegio o a un ventaja, así que no podemos pensar que van a renunciar a nada de lo que tienen (fundamentalmente a las llaves de la caja y a repartirse el presupuesto y las comisiones como quieren y por tiempo indefinido) para practicar “políticas sociales”. Así que es imposible desvincular el “rescate” del “estado del bienestar” de una reforma general del aparato del Estado y de la moral de la clase política.

¿Por qué la clase política dice que el “estado del bienestar” es caro y no se puede mantener? Porque antepone sus intereses de casta a los intereses populares. ¿Cómo logra desviar ingentes cantidades de dinero hacia sus bolsillos, fondos que podrían ser utilizados en servicios sociales y en reforzar el bienestar de la población? Respuesta: muy sencillo, multiplicando las estructuras parasitarias del Estado y los niveles administrativos y creando al frente de los miles y miles de pequeñas oficinitas y centros minúsculos de decisión a miembros de la clase política (o a cuñados, sobrinos, hijos, testaferros, etc.). Así pues, una reforma general del Estado implica, sobre todo, una reforma de la administración y una eliminación drástica de los niveles administrativos. Uno de ellos particularmente…

Desde 1979 no hay absolutamente nada que sea más gravoso para el Estado que las Autonomías. En aquella época vivíamos todavía la resaca del jacobinismo franquista (extraño jacobinismo puesto que esta doctrina fue fruto de la revolución francesa de 1789 cuyos valores el franquismo no compartía y mucho más exótico aún si tenemos en cuenta que una de las fuerzas políticas que apoyaron al franquismo fue el carlismo cuyo foralismo iba en contra de la homogeneización jacobina… pero esta es otra historia) y se consideraba que cualquier cosa que acercara la administración al ciudadano era positiva y había que aceptarla. Además en Catalunya, Euzkadi y Galicia existían partidos nacionalistas y estatutos de autonomía históricos que se reimplantaron (también en buena medida como revanchismo y también para enlazar con la “legitimidad” republicana anterior). El problema vino cuando UCD implantó el “café para todos” y extendió a todas las regiones el modelo autonómico. Eso fue el origen del “Estado de las Autonomías” cuyas excelencias no han ido cantando durante todas las décadas en las que iba aumentando el gasto público, pero ¡no en dirección al bienestar social sino en la creación de ese nuevo escalón autonómico que se unía a las Diputaciones Provinciales residuo decimonónico desprovisto prácticamente de funciones pero con excedentes funcionariales interminables!

Ahora estamos en un momento en que al déficit del Estado se le une el déficit de los ayuntamientos, el de las comunidades autonómicas, el déficit de las diputaciones y el déficit de las empresas y de las familias… demasiado déficit para una sociedad cada vez más triturada por los impuestos y cada vez más abocada al paro y a la precariedad. Así pues, es necesario ELIMINAR ESCALONES ADMINISTRATIVOS.

A nadie se le escapa que las Diputaciones Provinciales carecen de funciones precisas y las que poseen en la actualidad podrían ser perfectamente asumidas por las Delegaciones del Gobierno. Sobran. Es cierto que su liquidación entrañaría no menos de 100.000 funcionarios en la calle entre contratados, fijos y, sobre todo, asesores y titulares. Es conocido que los segundas y terceras filas de los partidos políticos, sin muchas luces y con exceso de ambiciones son destinados a estas canonjías en donde tienen hueso que roer y presupuesto que esquilmar durante años. Sobran y nadie llorará –salvo la clase política- cuando se disuelvan.

Pero eso no bastaría para simplificar la administración. Hay otro escalón que hoy ya es lícito cuestionar sin que nadie sospeche de tentaciones jacobinas. Las autonomías. Diecisiete autonomías son muchas autonomías, y cada una de ellas se configura como un pequeño Estado dentro del Estado. Demasiado para 40 millones de personas y demasiado para nuestro momento histórico marcado a fuego por la crisis económica y la corrupción. La lógica, hace unos años, cuando se podía, se hubieran reducido el número de autonomías: ¿qué sentido tienen autonomías uniprovinciales como Murcia, Madrid o Cantabria? ¿O qué puede justificar el que Ceuta y Melilla estén separadas de la autonomía Valenciana? Hubiera sido traumático quizás para algunas taifas autonómicas, pero hubiera agilizado y aligerado mucho el aparato autonómico del Estado si en lugar de 17 se hubieran reducido, por ejemplo, a 10. Hoy, ni siquiera esto es posible.

Hoy el nivel de la deuda autonómica es tal que supone más de la mitad de la deuda total del país. Los “recortes” que las autonomías realizan apenas son mera cosmética: se despiden a los contratados prescindibles (se sustituyen por becarios) y se mantiene al aparato central de nepotismo, enchufismo y amiguismo… Ya se ha visto y no funciona. Cuando las curas paliativas de una úlcera no funcionan, es preciso sajar y amputar el miembro. Tal es la única alternativa viable en la actualidad: liquidar por la vía de apremio el Estado de las Autonomías, que el Estado recupere de nuevo las competencias que descentralizó, que las siga manteniendo descentralizadas, pero sin la existencia de 17 pequeños parlamentitos que “legislan” minucias y fruslerías sin interés, 17 pequeños gobiernos autonómicos, 17 aparatos mediáticos de comunicación pagados por los ciudadanos, todos ellos pequeñitos, redonditos y deficitarios, y 17 fotocopias reducidas del Estado. Ya hemos visto su utilidad y su techo: generan más problemas que otra cosa. Complican la tramitación de expedientes porque han sustituido (y Catalunya en esto es paradigmática, el “centralismo madrileño” por el centralismo de la capital autonómica elevado a la enésima potencia). Y son caros: nunca tanta falla dio tan poco chispa.

De hecho, lo único que le debería de interesar mantener al ciudadano es el “estado del bienestar” porque él es el beneficiario. Y si hay que prescindir de algo, es bueno que el ciudadano, anestesiado por el “Sálvame”, narcotizado por el bombardeo de información, desmovilizado por su propio aluvión de problemas, tome la palabra y defienda “lo suyo”, antes que lo “de otros”: y lo de otros es el “Estado de la Autonomías”, son las Diputaciones Provinciales, es el entramado parasitario creado desde 1978 por los gestores del régimen y que hace necesario arrinconar poco a poco el “estado del bienestar” porque, como “los inmortales”, al final solamente puede sobrevivir uno. Y de lo que se trata es que ese “uno” sea la sociedad, no la clase política.

Por eso, recomendaríamos a todos nuestros amigos y a todos aquellos ciudadanos a los que les quede algo de sentido común como para no actuar contra sí mismos (quien lo hace, semánticamente, es un “gilipollas” en su sentido pristino y originario) les animamos a denunciar el carácter deletéreo y despilfarrador de las autonomías y de todo lo que viaja con ellas, incluido ese bagaje emotivo y sentimental propagado por los nacionalismos, y exigir de una vez por todas que la necesario REGENERACIÓN DEL ESTADO incluya especialmente LA DISOLUCIÓN DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS, al grito de ¡ELLOS O NOSOTROS! ¡O ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS O ESTADO DEL BIENESTAR!

© Ernesto Milà – Prohibida la reproducción de este texto sin indicar origen.

[Identitaria.es] Se sabe la teoría que hemos ido defendiendo a lo largo de estos últimos cuatro años, a saber: que la crisis económica, al persistir, se transformará en crisis social (¿de qué otra manera hay que llamar a los 5.000.000 de parados que en 2012 habrán subido a 5.500.000 o incluso 6.000.000 según los más pesimistas?) y esta terminará generando una crisis política de envergadura que dará al traste con el régimen surgido en 1978.

Hasta las elecciones municipales y autonómicas de mayo pasado todavía no se había cruzado la delgada línea roja que separa la crisis social de la política, pero era previsible que se atravesara a la vista de que 5.000.000 de parados, necesariamente, debían responsabilizar a los grandes partidos de su situación de miseria, sin olvidar –dato esencial- que sobre esos dos grandes partidos se asienta el sistema político español de bipartidismo imperfecto.

Primer rasgo de la crisis política: el 15-M

El primer elemento que dejaba pensar en que se estaba entrando en la etapa de “crisis política” era precisamente la aparición del movimiento de “los indignados”. Es cierto que este movimiento es multiforme y contradictorio y que, a fin de cuentas, quién ha terminado definiéndolo (y si se nos apura, limitándolo) ha sido la izquierda alternativa. Es cierto, igualmente, que el tiempo de ese movimiento parece haber pasado y que, a fin de cuentas, era la última expresión de una extrema-izquierda radicalizada pero con un discurso simplista y superficial. Sin embargo, el impacto que logró en los días antes de las elecciones municipales y autonómicas y en los que siguieron fue enorme: por primera vez, un grupo social –“los indignados”- llamaban a la huelga de “votos caídos” y especialmente llamaban a no votar ni al PP ni al PSOE considerados como responsables de la actual situación (diagnóstico correcto), se ejercía una crítica a la partidocracia y se consideraba que la corrupción es el rasgo determinante de la actual situación política.

Tanto en las elecciones de mayo como en las del 20-N el número de votos en blanco y de votos nulos creció extraordinariamente y la abstención abarcó a un tercio del electorado. Tales eran los principales rasgos de la primera fase de la crisis política. Pero, desde entonces se han sucedido otros.

Segundo rasgo de la crisis política: la quiebra del PSOE

Es evidente que el desplome electoral del PSOE ha sido algo más que un simple vaivén de votos: el PSOE, la columna de centro-izquierda del régimen español está en este momento desarbolado, desmadejado, abatido y sin esperanzas de poderse reconstruir a falta de un liderazgo indiscutible y, sobre todo, de unos principios sobre los que asentar su trayectoria futura: la línea socialdemócrata, a la hora de la verdad, se ha configurado como una máquina de ayudar al capital, repartir comisiones y corruptelas y adoptar, una tras otra, medidas erróneas que han perjudicado especialmente a las clases trabajadoras y a la burguesía media. Ahora la socialdemocracia encuentra no solo dificultades para sustituir el liderazgo perdido de ZP, sino para afirmar principios. Y ambos hándicaps tardará en superarlos.

En otras palabras: la columna de centro-izquierda costará tiempo reconstruirla (si es que se logra en algún momento), estabilizarla y convertirla en caballo ganador. Es presumible, incluso, que asistamos a una especie de centrifugación del PSOE o acaso de una voladura controlada de varias de sus partes.

Tercer rasgo de la crisis política: el fin del bipartidismo imperfecto

Los resultados electorales, además, han introducido un nuevo elemento de desestabilización en el sistema político español. Hasta ahora, los partidos que “contaban” en el parlamento de la Nación eran 4: PP, PSOE, PNV y CiU, ahora existen 13 formaciones políticas algunas de ellas con tanto peso como Amaiur e IU.

Si la ley de hierro del sistema político español era el “bipartidismo imperfecto”, ahora, con el resultado del 20-N, han aparecido otros actores nuevos en el hemiciclo con los que, a la vista, de su importancia numérica habrá que contar. Y esto es solamente el principio. El hecho de que algunas fuerzas políticas de izquierdas y derechas se hayan quedado en las puertas del Congreso de los Diputados indican hasta qué punto esta ley de hierro ha saltado por los aires. Tal es otro de los rasgos de la crisis política que se está abriendo.

Cuarto rasgo de la crisis política: el caso Urdangarín

Quedaba un último rasgo a tener en cuenta. Como se sabe, la monarquía ha intentado situarse siempre por encima de las luchas de los partidos y configurarse como el representante de “toda la Nación”. Esta intencionalidad se ha diluido frecuentemente por la escasa capacidad e interés de Juan Carlos I por definir sus posiciones: una cosa es convertirse en el moderador de posiciones y otra muy distinta utilizar esto como excusa para no tener posición propia ante ningún problema por grave que sea. Los destrozos del zapaterismo o la increíble tendencia de Aznar de hipotecar la soberanía nacional para seguir en las aventuras coloniales de su amigo Bush, hubieran sido atenuados si el Rey hubiera alzado su voz. Pero nunca lo ha hecho. No es raro de que la institución se configure como un ente tan costoso como inútil, una mera figura decorativa que muy bien hubiera podido desempeñar un muñeco o cualquiera capaz de ejercer el dontrancredismo sin inmutarse.

Sin embargo, la monarquía, mal que bien, ha logrado sobrevivir a costa de no enfrentarse a ninguna de las columnas del  sistema político y de resignarse a desempeñar un costoso papel de figurón del que se sabía más por la prensa del colorín que por las noticias políticas.

Y entonces llegó el caso Urdangarín. El hecho de que la pareja hubiera cambiado inesperadamente su residencia de Barcelona a Washington no hizo sospechar lo que ahora ya se sabe: que existían sospechas de que el “yernísimo” estaba realizando operaciones que entraban dentro del tráfico de influencias utilizando el nombre y los recursos de la Casa Real. En el momento en que escribimos estas líneas, todo induce a pensar que el Caso Urdangarín va para largo y que erosionará la imagen d la monarquía mucho más que los escarceos amorosos de Juan Carlos en Suiza con una periodista o el hecho de saberse que las leyes y los decretos-ley los firmaba un plotter y no el puño de su majestad…

Siempre hemos sostenido que uno de los rasgos del sistema político español nacido en la transición fue, desde 1983, la corrupción que se generalizó con la llegada de los socialistas al poder y que, desde entonces, no ha parado de extenderse como una mancha de aceite. Solamente una institución decía poder estar fuera de toda sospecha: la Casa Real. En realidad no era así: Luis Prado y Colón de Carvajal estuvo allí para recordarnos que el Rey reinaba pero no gobernaba y que él no hacía negocios, pero lo hacía su valido, el bueno de don Luis Prado. Ahora, no. Ahora, con el caso Urdangarín, un miembro de la Casa Real –del núcleo familiar o de la periferia, poco importa- está directamente implicado en una retahíla de casos de corrupción de los que mucho nos tememos que alguien, incluso la propia Casa Real, estaba informada como mínimo desde la partida de la infanta y su marido con destino Washington. Pero cuando eso ocurría el destrozo ya estaba hecho.

Quinto rasgo de la crisis política: la corrupción. Del rey abajo, todos

Para algunos se tratará solamente de un caso de corrupción que afecta a un miembro periférico de la familia real. Para otro será el principio del fin de la monarquía. Y algunos lo consideramos como una reiteración que da que pensar sobre los niveles de corrupción anidados bajo la constitución de 1978. Pero es eso y mucho más: es, sobre todo, la muestra de que la crisis política ha llegado también a la cúspide del Estado y a la monarquía. Y la constitución de 1978 definió a España como una “monarquía social y democrática”…

Así pues, lo que el caso Urdangarín está poniendo de manifiesto es que también la cúspide del Estado se encuentra en crisis y esa crisis viene en un momento en el que la crisis económica está preparando la temperatura para un estallido social (que se producirá en cuanto el nuevo ministro de economía de Rajoy anuncie e intente aplicar medidas que no se confesaron durante la campaña electoral, pero que son exigidas por la UE y por la alta finanza apalancada en eso que se llama “los mercado”) y es una parte sustancial de la crisis política.

O si lo queremos de otra manera: no falta tanto como podría pensarse para que la constitución de 1978 esté completamente desahuciada. El Caso Urdangarín no es más que un elemento que introduce un nuevo factor de desestabilización en el régimen. Fatalmente, el régimen de 1978 no sobrevivirá a tantos elementos desestabilizadores. Es hora de pensar en qué vendrá después porque el régimen se está agotando ante nuestra mirada incrédula y escéptica.  No sabemos lo que vendrá luego, lo que ya podemos intuir es que hemos entrado en la primera parte de la desintegración política del régimen. Y no seremos nosotros quienes lo vamos a llorar.

© Ernesto Milà

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MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, uno de los imputados en el ‘caso Gürtel’, gastó más de 1,2 millones de euros en la adquisición de relojes de firmas suizas de lujo a cargo de la ‘caja B’ de la contabilidad de la red corrupta nutrida con presuntas comisiones en contraprestación por la adjudicación de contratos públicos en esta localidad del noreste de la Comunidad de Madrid. Continuar leyendo

Pablo Cobián Fernández de la Puente, parlamentario del PP de Galicia, presentó su renuncia al acta de diputado en la Cámara autonómica y también a la de concejal en el ayuntamiento coruñés de Oleiros. Fue después de que Jorge Dorribo, propietario de los laboratorios farmacéuticos Nupel, lo vinculase, a él y a José Blanco, ministro de Fomento, con supuestos pagos ilegales, en el marco de la ‘Operación Campeón’. Continuar leyendo

El exalcalde de Ronda y actual portavoz del PSOE en el municipio, Antonio María Marín Lara, ha informado de que ha comunicado a la dirección provincial del PSOE de Málaga la renuncia a su acta de concejal y la petición de baja temporal del partido como militante, tras ser detenido en el marco de la operación contra la presunta corrupción urbanística en esa localidad. Además, lo han comunicado otros dos ediles imputados. Continuar leyendo

La Coordinadora Masby presentará el próximo viernes 16 de Septiembre ante la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada (Fiscalía anticorrupción) en Madrid una denuncia con la documentación que nos han hecho llegar distintos miembros de Masby sobre los posibles delitos de la Generalidad Valenciana y una entidad financiera para que se investiguen los hechos.

Los posibles delitos son: Vulneración legal en cuanto a la protección de datos, posible malversación de caudales públicos e investigación sobre posible agujero económico de la Generalidad de 18.000 millones de euros.

A las 10.30 de la mañana y después de la entrega de la documentación a la Fiscalía, daremos todo tipo de información a los medios de comunicación en las misma puerta.

Fiscalía Especial Contra la Corrupción
Calle Manuel Silvela, 4 – Madrid 28010

Desde la Coordinadora Masby entendemos que son similares practicas que concurrieron en el Caso Rumasa y esperamos que la Fiscalía del Estado investigue y practique las auditorias como si de una empresa privada fuera. Si los hechos fueran constitutivos de delito, confiamos que se expropie la Comunidad Valenciana y pase a ser gobernada por la Administración del Estado, a parte de las responsabilidades personales que hubiera lugar.

Juan Vte. Santacreu – Coordinador Movimiento Masby

Los vecinos de la calle Monseñor Fernando Ferris de Onda, a través de su asociación de vecinos, iniciaron antes del verano una campaña de recogida de firmas para pedir el traslado de la mezquita a las afueras del pueblo. España 2000 apoyó desde el principio esta iniciativa vecinal, se hizo eco de ella y repartió un llamamiento pidiendo el traslado de la mezquita fuera del casco urbano. Se solicitó al Ayuntamiento autorización para repartir hojas informativas sobre este tema. El Ayuntamiento a través de su secretaría PROHIBIÓ en fecha 9 de septiembre dicha distribución. Hace falta meditar sobre esto.

El que el ayuntamiento de Onda impida el ejercicio de la libertad de expresión de un partido que, además, está presente en el consistorio supone la merma de un derecho constitucional. ¿Quién es el alcalde para impedir el ejercicio de una libertad fundamental? Respuesta: el alcalde no es nadie para decir que ideas se difunden en Onda y cuáles no. Incluso diríamos más: si esa libertad está reconocida en la constitución ¿para qué diablos tenemos que pedir autorización a nadie para ejercerla?

Pero lo más lamentable son los motivos por los que el Ayuntamiento ha prohibido la distribución del llamamiento de España 2000. Con una seriedad pasmosa la Secretaría indica en la notificación de prohibición que la petición de E2000 “vulnera la libertad religiosa”: ¿Hemos pedido que se cierre la mezquita?

¿Hemos pedido que el prohíba a los muecines el dar sus alaridos estruendosos para llamar a la oración? ¿Hemos pedido que se impida el culto islámico? En absoluto: simplemente, nos hemos hecho eco de algo que está pidiendo mucha gente, a saber, que toda esa escandalera se vaya fuera del casco urbano y no moleste al resto de los vecinos. Eso es todo. A fin de cuentas alguien tiene que velar por los derechos de los españoles ya que el Ayuntamiento lo hace por los de los islamistas.

Todo esto estaba excepcionalmente claro en la petición que realizó E2000 a la que se acompañaba el llamamiento a distribuir. Reproducimos lo que se proponía en dicho documento: “EXIGIMOS QUE EL AYUNTAMIENTO DE ONDA INICIE CONVERSACIONES CON LA COMUNIDAD ISLÁMICA PARA TRASLADAR LA EMZQUITA FUERA DEL CASCO URBANO”. En cuanto a lo que se solicita (porque los vecinos tenemos derecho a solicitar e incluso a exigir) se dice en el llamamiento prohibido: “¡FUERA LA MEZQUITA DEL CASCO URBANO!”. Y la cuestión más acuciante que se nos plantea en estos momentos es: ¿saben leer los miembros del gobierno municipal las instancias que se les envían o simplemente se creen libres para interpretarlas como les dé la real gana?

En cualquier caso, tiempo perdido por parte del gobierno municipal del PP porque ese llamamiento se distribuirá en las calles de Onda mal que le pese al alcalde. ¿Apostamos? Lo que ha hecho el Ayuntamiento de Onda no es negar solamente la libertad de expresión, sino luchar contra el sentido comun y caer en la peor de todas las corrupciones: la corrupción del espíritu, la mentira y el engaño.

Santi Bojados (Grupo Municipal de España 2000 – Onda)

En la democracia española se tiene tendencia a callar lo que es evidente pero que se considera puede ofender a terceros, habitualmente nacionalistas. ¿Qué es lo evidente? Que todo orden natural es jerárquico. Con ello queremos decir que entre las distintas administraciones del Estado existe una jerarquía: primero es el aparato del Estado central (a diferenciar del Estado “centralista”), luego las Comunidades Autónomas (a diferenciar de “comunidades despendoladas” y de “comunidades federadas”), un peldaño más abajo las provincias, más abajo aún las comarcas y finalmente las ciudades y pueblos. Aceptar esto tiene como consecuencia el que aquello que es “para todos”, encarnado por el Estado, está necesariamente situado en un nivel superior al que se sitúan “las partes” (las Comunidades Autónomas, por ejemplo). Por eso el castellano es la lengua vehicular de todo el Estado y por eso debe enseñarse de manera uniforme en todo el Estado. No hay razonamiento “más fuerte” en materia lingüística que esto que acabamos de decir y que es de sentido común.

La Generalitat rechaza este planteamiento, pero no porque la lengua catalana le importe mucho. El catalán es solamente una excusa para justificar la existencia de un “factor diferencial lingüístico” que justifica el nacionalismo y liarse la bandera y la carta del patriotismo. Y, de paso, poder repartir los fondos para la “normalización lingüística” entre los amigos, a pesar de que hoy se hable en Cataluña menos catalán que nunca: sí, porque el nivel de utilización del catalán como lengua vehicular después de 22 años de “inmersión lingüística” está en torno al 36% y sigue bajando…

El problema es otro: la Generalitat aspira a la “paridad” y a estar al mismo nivel que el Estado Mas lo ha dicho en varias ocasiones: considerar que Estado (el todo) y la Generalitat de Catalunya (la parte) están al mismo nivel equivaldría a decir que una docena de huevos es igual a media. Un imposible metafísico. Y de ahí derivan todos los problemas  y ambigüedades que hemos ido viviendo en las últimas décadas. Se empezó aludiendo a “nación” y a “nacionalidades” en la constitución, se continuó diciendo en el “nou Estatut” que ambos conceptos son idénticos (cosa absolutamente falsa) y actualmente la Generalitat opina que la parte es igual al todo. Y de ahí no salen.

Es preciso combatir por el bilingüísmo en Cataluña. Y es curioso porque cuando los nacionalistas piden “bilingüísmo” lo hacen para el resto de España: en Madrid debe de haber, por ejemplo, traductores de catalán en las oficinas oficiales para aquellos ciudadanos que quieran utilizarlas, pero no en Cataluña que tiene “lengua propia”. Tal es el razonamiento digno de una comedia de enredo.

Que el castellano es la lengua oficial del Estado es algo que nadie se atreve a negar. Y si lo es, debe ser la lengua que se utilice en la enseñanza. Si, por una dosis de liberalidad y apertura se reconoce que un 36% de ciudadanos se expresan habitualmente en catalán y que podría interesarles educar a sus hijos en esa lengua, sea, mientras se garantice que se enseñará la lengua vehicular del Estado. Y si otros ciudadanos consideran que el catalán no les interesa, sea también. Lo evidente es que un 36% de catalanoparlantes no puede imponer su tiranía a un 64% de hispanoparlantes.

En nombre de la libertad de opción que cada cual elija la lengua en la que deben ser educados sus hijos, sin olvidar las repercusiones de esa opción. Y sin olvidar algo que el nacionalismo olvida: que el Estado es anterior y superior a las Comunidades Autónomas.

Negarse a aplicar una sentencia del Tribunal Constitucional es una forma de corrupción. Traficar esa sentencia con el partido de turno para vender un apoyo parlamentario es la peor de todas las corruptelas. CiU la viene realizando desde los orígenes del régimen.